Las múltiples violencias contra las trabajadoras domésticas: el caso de Julio Iglesias

Sus canciones romanticonas y su voz son inolvidables para generaciones de mujeres de los años 70 y 80. A raíz de una doble denuncia, Julio Iglesias pasó de ser conocido como el famoso cantante español y modelo de «amante latino» a un violentador de mujeres.

El 13 de enero pasado, el cantante de 82 años, fue acusado de abuso sexual, trata de personas, maltrato y violencia física y verbal por dos extrabajadoras. Los hechos ocurrieron en 2021, cuando las denunciantes se desempeñaban, una como fisioterapeuta y otra como parte del servicio doméstico, en las propiedades del cantante en República Dominicana y Bahamas.

En nombre de Laura y Rebeca (los alias que protegen la identidad de las víctimas), la organización Women´s Link Worldwide interpuso la demanda a inicios de enero en las instancias españolas correspondientes.

Los medios de comunicación elDiario.es y Univisión, luego de tres años de investigación, publicaron sus testimonios donde relatan que “el cantante las presionaba para mantener encuentros sexuales”. Además describen tocamientos, bofetadas, penetraciones, vejaciones físicas y verbales, insultos y humillaciones durante su jornada laboral.

La Fiscalía española archivó el caso el 23 de enero con el argumento de “falta de jurisdicción de los tribunales españoles”, según el diario El País, a pesar de que el cantante es ciudadano español, además de dominicano.

Esta decisión es un espejo del poder al que enfrentan Laura y Rebeca. Ellas encarnan una historia de impunidad bastante conocida en Nicaragua y toda América Latina: la del “patrón” abusador y la trabajadora doméstica. En bastantes casos, las víctimas prefieren renunciar o son despedidas. porque saben que lleva todas las de perder si denuncian los abusos.

La raíz de la discriminación y la violencia

Ya sabemos que el trabajo doméstico remunerado “con dormida adentro”, hasta hace poco era considerado un “no trabajo”, como explica un estudio de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). Aunque ahora hay cambios en las legislaciones, hace un tiempo solo se le consideraba una “forma especial de ocupación”, porque era una labor que no generaba lucro, es decir, no producía “ganancia” a la persona empleadora.

También se concebía como un favor que se hacía a mujeres sin cualificaciones específicas, que además recibían alimentación y un lugar donde dormir, lo que se consideraba una retribución generosa de la patronal. Esto justificaba bajos salarios, horarios extendidos de trabajo e incluso el pago en especie.

Cuando las organizaciones de mujeres trabajadoras del hogar y las organizaciones feministas empezamos a presionar para que las leyes protegieran los derechos de las trabajadoras domésticas, se evidenciaron las raíces de esta discriminación:

La división sexual del trabajo, que se materializa en que los cuidados y las labores del hogar siguen siendo nuestra responsabilidad “a expensas del trabajo mal pagado de las mujeres más pobres”, como cita el estudio de la CIM.

El pensamiento colonizador. En nuestra sociedad todavía persisten ideas que se originaron en la época colonial y que tienen que ver con el sometimiento y la explotación indígena, especialmente la utilización de las mujeres indígenas y afrodescendientes para la servidumbre doméstica. Ese modelo se mantuvo en la modernidad en la forma de empleo doméstico discriminado y despreciado socialmente.

Las violencias habituales

Es por todo lo anterior que las mujeres que se dedican a los servicios del hogar todavía experimentan múltiples violencias, con el agravante de que, al ser un empleo que ocurre en el ámbito privado, es de difícil seguimiento. En Nicaragua no existen investigaciones específicas, pero testimonios y estudios regionales reportan violencia psicológica, económica y explotación laboral, además de violencia física y sexual.

Es muy probable que conozcamos casos donde las asistentas del hogar no solo son explotadas laboralmente y maltratadas de forma verbal, sino que también han sido acosadas y abusadas sexualmente por hombres de la familia empleadora y luego despedidas y denigradas.

La violencia psicológica se expresa en actos de desvalorización y humillación, el control y vigilancia del comportamiento y el aislamiento. La violencia económica y laboral ocurre con despidos injustificados, la imposición de tareas ajenas a las pactadas, la realización de tareas fuera del horario laboral, el pago por debajo del salario mínimo, la retención de salario o la negación de prestaciones establecidas en la ley como vacaciones o pago de horas extras, por ejemplo.

Las trabajadoras del hogar también experimentan violencia contra sus derechos reproductivos cuando las despiden por estar embarazadas o les exigen pruebas de embarazo para acceder a un empleo. La violencia física se ha denunciado sobre todo con adolescentes que realizan trabajo doméstico en las casas en las que viven con promesas de manutención y educación, algo que conocemos como “hijas de crianza”.

Qué dice la legislación nacional

En Nicaragua había más de 250 mil trabajadoras del servicio del hogar para 2022, según datos de la Federación de Trabajadoras Domésticas y Oficios Varios de Managua Julia Herrera de Pomares citados por La Lupa.  Y aunque en los últimos 20 años las cosas han cambiado, sólo un 3 % de estas trabajadoras goza de los beneficios de la seguridad social que es una obligación establecida en las reformas al Código Laboral (Arto. 150).

Por su parte, la Ley 779 tipifica la violencia laboral como aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados, como ocurre cuando se exigen requisitos sobre estado civil, maternidad, apariencia física, realización de prueba de embarazo, entre otros.

El caso de Julio Iglesias es un buen recordatorio de que estas violencias que viven muchas mujeres en Nicaragua es un tema pendiente en las agendas sociales y que estos derechos y estas vidas no deben ser olvidadas.

Dónde denunciar

Cualquier irrespeto a nuestros derechos los podemos denunciar en las delegaciones departamentales de la Inspectoría del Trabajo, del Ministerio del Trabajo. También se puede acudir a la Policía Nacional de forma presencial, llamando a la línea gratuita 118 o contestando este formulario en línea.

 Fuentes documentales:

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